Cuando se produce un accidente laboral grave, que deviene en la muerte o invalidez del trabajador, éste tiene la posibilidad de gozar de dos derechos fundamentales: por una parte, de la indemnización por daños y perjuicios y, por otra, del pago por parte de la Seguridad Social (SS) de una pensión.
El primer paso es la realización de un trámite administrativo que facultará a la mutua o a la Seguridad Social a pagar una pensión al afectado.